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El juez Luis Roberto Barroso, miembro del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, rechazó el pedido del diputado petista Paulo Pimenta de conceder una extensión del habeas corpus que evitó la expulsión de Brasil de 16 funcionarios de la dictadura de Maduro en mayo de 2020. La negativa del juez Barroso al pedido del grupo se basa, entre otros elementos, en la cancelación de su estatus diplomático por orden del gobierno de Jair Bolsonaro, que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En 2020, Barroso dictó una medida de protección a favor de estos funcionarios y sus familias luego de que el gobierno brasileño les advirtiera que debían abandonar el país en 48 horas. La expulsión respondía al principio de reciprocidad que rige las relaciones diplomáticas entre ambos países. Semanas antes, todos los consulados y la embajada de Brasil en Venezuela habían cerrado sus puertas y su personal ya se encontraba en Brasilia. Sin embargo, los enviados de Maduro no cumplieron con lo acordado, negándose a volver a Venezuela. Con la calamidad pública decretada por la pandemia, el juez estimó riesgoso que el grupo emprendiera el viaje a Caracas y otorgó una medida que los mantiene en suelo brasileño hasta hoy.
En su decisión de hoy, el magistrado Barroso desestimó los argumentos esgrimidos por el diputado Pimenta y dictaminó que si los 16 funcionarios y sus familias desean permanecer en el país, deben regularizar su situación como inmigrantes, siguiendo las reglas del proceso administrativo propio para este fin, tal como lo han hecho los más de 280 mil venezolanos que actualmente viven en Brasil.
